El gobierno de Milei avanza en la transformaci\u00f3n m\u00e1s radical del sistema educativo argentino desde la recuperaci\u00f3n democr\u00e1tica. Vouchers, homeschooling, eliminaci\u00f3n de la meta del 6% del PBI y un recorte sin precedentes en universidades y ciencia configuran un cambio de paradigma cuyas consecuencias apenas comienzan a verse. Esta es la radiograf\u00eda de lo que se propone, lo que ya ocurri\u00f3 y lo que falta debatir.<\/strong><\/p>\n Antes de analizar lo que viene, es necesario entender lo que se destruye. La Ley de Educaci\u00f3n Nacional N\u00b0 26.206, vigente desde 2006, fue el resultado de un amplio consenso pol\u00edtico y social. Establec\u00eda al Estado como responsable indelegable de garantizar igualdad educativa, fijaba un piso de inversi\u00f3n del 6% del PBI, y conceb\u00eda a la educaci\u00f3n como un derecho social universal, no como un servicio de mercado. Esa ley dur\u00f3 dos d\u00e9cadas. El proyecto de Ley de Libertad Educativa presentado por el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2025 la deroga en su totalidad y propone reemplazarla con una l\u00f3gica radicalmente diferente.<\/p>\n El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formaliz\u00f3 la presentaci\u00f3n de un texto de 169 art\u00edculos que, en sus propias palabras, busca \u00abuna transformaci\u00f3n radical\u00bb del sistema. No se trata de una reforma parcial: es un cambio de paradigma que redefine qui\u00e9n educa, c\u00f3mo se financia la educaci\u00f3n y qu\u00e9 rol le corresponde al Estado en ese proceso.<\/p>\n El cambio m\u00e1s profundo es conceptual. La nueva norma desplaza al Estado del centro del sistema y coloca a la familia como \u00abagente natural y primario de la educaci\u00f3n\u00bb. Esta definici\u00f3n no es ret\u00f3rica: tiene consecuencias institucionales concretas. El Estado pasa de ser responsable a ser subsidiario, es decir, solo puede intervenir cuando las familias o las instituciones no pueden hacerlo. Esta l\u00f3gica transforma la educaci\u00f3n de bien p\u00fablico universal en una cuesti\u00f3n de elecci\u00f3n individual, acerc\u00e1ndola al modelo de mercado.<\/p>\n El giro es coherente con la cosmovisi\u00f3n libertaria de Milei, que desde su campa\u00f1a sostuvo que \u00aben educaci\u00f3n, como en cualquier otro sector, la competencia genera calidad y la planificaci\u00f3n estatal genera mediocridad\u00bb. Pero tiene implicancias que van m\u00e1s all\u00e1 de la filosof\u00eda pol\u00edtica: supone que las familias cuentan con la informaci\u00f3n, los recursos y las condiciones para ejercer esa elecci\u00f3n en igualdad de condiciones, algo que la evidencia internacional cuestiona sistem\u00e1ticamente.<\/p>\n La pieza central del nuevo esquema de financiamiento es el voucher (vale educativo). El proyecto contempla asignaciones otorgadas directamente a las familias o alumnos mediante vales, bonos, becas y cr\u00e9ditos fiscales, con el objetivo declarado de \u00abasegurar que la libertad de elecci\u00f3n no dependa del nivel de ingresos\u00bb. Los recursos seguir\u00edan al alumno, no a la instituci\u00f3n, lo que en la pr\u00e1ctica redirige fondos p\u00fablicos desde la escuela estatal hacia las opciones que la familia elija, incluyendo escuelas privadas.<\/p>\n El modelo establece adem\u00e1s la igualdad jur\u00eddica entre escuelas estatales y privadas en el acceso al financiamiento p\u00fablico, lo que obliga a las autoridades provinciales a implementar aportes econ\u00f3micos regulares a las instituciones privadas. Esta disposici\u00f3n desplaza el eje del financiamiento desde la oferta (sostener la escuela p\u00fablica) hacia la demanda (financiar la elecci\u00f3n del alumno), siguiendo el modelo desarrollado en Chile con la reforma de los a\u00f1os ochenta y luego parcialmente revertido por sus efectos segregadores.<\/p>\n La distribuci\u00f3n presupuestaria para educaci\u00f3n superior se reformula bajo tres criterios: el 75% seg\u00fan la cantidad de estudiantes regulares, el 20% por desempe\u00f1o institucional (egresados, investigaci\u00f3n, extensi\u00f3n) y el 5% a trav\u00e9s de contratos-programa con metas verificables. Este modelo introduce incentivos de desempe\u00f1o en el financiamiento universitario, un concepto que en teor\u00eda puede mejorar la eficiencia pero que en la pr\u00e1ctica puede profundizar las desigualdades entre instituciones grandes con alta tasa de egreso e instituciones peque\u00f1as en regiones vulnerables.<\/p>\n Uno de los cambios m\u00e1s disruptivos es la legalizaci\u00f3n formal de la educaci\u00f3n en el hogar (homeschooling). Actualmente, Argentina no proh\u00edbe ni regula expl\u00edcitamente esta pr\u00e1ctica, lo que la coloca en un \u00e1rea gris: algunas familias la practican \u2014se estima entre 20.000 y 25.000 seg\u00fan organizaciones como Homeschooling Argentina\u2014 pero sin validez oficial autom\u00e1tica.<\/p>\n El proyecto resuelve ese limbo al definir la educaci\u00f3n en el hogar como una modalidad reconocida por el Estado, impartida por padres, tutores o personas designadas por ellos, con libertad total en m\u00e9todos y materiales. Las familias deber\u00e1n inscribir a los alumnos en registros provinciales simples, sin posibilidad de inspecciones discrecionales sobre la vida familiar. La acreditaci\u00f3n de aprendizajes se realizar\u00e1 exclusivamente mediante ex\u00e1menes estandarizados enfocados en contenidos m\u00ednimos, sin exigencia de t\u00edtulos docentes para quien ense\u00f1e.<\/p>\n El proyecto tambi\u00e9n reconoce la educaci\u00f3n h\u00edbrida y a distancia, incluso con instituciones extranjeras. Este conjunto de modalidades alternativas rompe el monopolio de la presencialidad escolar y ampl\u00eda las opciones disponibles para las familias.<\/p>\n El debate pedag\u00f3gico y social alrededor del homeschooling es antiguo y complejo. Los defensores argumentan que permite personalizar la ense\u00f1anza, proteger a los alumnos de entornos hostiles y desarrollar v\u00ednculos familiares m\u00e1s fuertes. Los cr\u00edticos advierten que la escuela cumple una funci\u00f3n de socializaci\u00f3n e integraci\u00f3n que va m\u00e1s all\u00e1 de la transmisi\u00f3n de contenidos, y que su reemplazo puede profundizar desigualdades y fragmentar el tejido social. Las organizaciones gremiales docentes fueron un\u00e1nimes en su rechazo: la Uni\u00f3n de Docentes de Misiones advirti\u00f3 que la propuesta \u00abaspira a la eliminaci\u00f3n de la actual ley de educaci\u00f3n, que fue aprobada con amplios consensos por parte de la sociedad y las fuerzas pol\u00edticas\u00bb.<\/p>\n Una de las disposiciones m\u00e1s pol\u00e9micas es la declaraci\u00f3n de la educaci\u00f3n b\u00e1sica como servicio esencial. El Gobierno de Milei intent\u00f3 incluir esta medida primero en la Ley Bases y luego por DNU, pero fue judicializada y no entr\u00f3 en vigor. El nuevo proyecto la incorpora directamente en el texto legislativo. La consecuencia pr\u00e1ctica es que frente a conflictos laborales docentes, deber\u00e1 garantizarse la continuidad m\u00ednima del servicio educativo. Esta cl\u00e1usula limita el derecho de huelga de los trabajadores de la educaci\u00f3n, generando la oposici\u00f3n frontal de todos los gremios del sector.<\/p>\n El proyecto crea el ENES, una evaluaci\u00f3n individual y voluntaria para los estudiantes que finalizan la secundaria. Su objetivo es proporcionar informaci\u00f3n a estudiantes, familias, instituciones superiores y actores del \u00e1mbito laboral sobre la situaci\u00f3n educativa real al concluir los estudios obligatorios. Adem\u00e1s, se publicar\u00e1n anualmente los resultados de las evaluaciones censales por escuela en un portal digital abierto, lo que hoy est\u00e1 prohibido.<\/p>\n La publicaci\u00f3n de rankings escolares es uno de los puntos de mayor controversia internacional. Sus defensores argumentan que genera transparencia y presi\u00f3n por la calidad. Sus cr\u00edticos se\u00f1alan que favorece a las escuelas que atienden a poblaciones de mayor capital cultural y socioecon\u00f3mico, desincentiva la docencia en entornos vulnerables y genera una competencia perversa que termina segregando.<\/p>\n El proyecto establece la creaci\u00f3n de Consejos Escolares de Padres en cada escuela p\u00fablica, con funciones de asesoramiento, supervisi\u00f3n y participaci\u00f3n en la selecci\u00f3n o remoci\u00f3n de directores. Esto implica un cambio profundo en la gobernanza escolar, que hist\u00f3ricamente se organiz\u00f3 con criterios t\u00e9cnicos y de carrera docente. La medida puede politizar la gesti\u00f3n institucional, generar tensiones con los equipos docentes y alterar la conducci\u00f3n pedag\u00f3gica en funci\u00f3n de intereses particulares de grupos organizados de padres.<\/p>\n Uno de los cambios m\u00e1s silenciosos pero de mayor impacto a largo plazo es la eliminaci\u00f3n del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 26.206, que establec\u00eda que el financiamiento educativo no pod\u00eda ser inferior al 6% del PBI. Esa meta fue incorporada en el Presupuesto 2026 a trav\u00e9s del art\u00edculo 30, que deroga el piso constitucional de gasto. A partir de ahora, el nivel de inversi\u00f3n en educaci\u00f3n queda librado a la discrecionalidad presupuestaria de cada gobierno, sin piso garantizado. Tambi\u00e9n se elimina el Fondo Nacional para la Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional, que financiaba la formaci\u00f3n vocacional y t\u00e9cnica con un monto no inferior al 0,2% del PBI.<\/p>\n Mientras el debate legislativo sobre la Ley de Libertad Educativa reci\u00e9n comienza su recorrido parlamentario, el impacto en el sistema universitario ya es una realidad documentada con n\u00fameros devastadores.<\/p>\n Seg\u00fan estimaciones del Centro de Econom\u00eda Pol\u00edtica Argentina (CEPA) basadas en datos oficiales, el presupuesto destinado a Educaci\u00f3n y Cultura caer\u00e1, para 2026, un 47,3% en t\u00e9rminos reales<\/strong> respecto a lo ejecutado en 2023. En el caso espec\u00edfico de las universidades, el retroceso es del 33,8%, y el presupuesto previsto para 2026 \u2014el 0,47% del PBI\u2014 es el m\u00e1s bajo registrado en m\u00e1s de dos d\u00e9cadas. El pico fue del 0,87% en 2017; en 2025 ya hab\u00eda ca\u00eddo al 0,49%, el menor desde 2005.<\/p>\n Las transferencias a universidades nacionales registran una ca\u00edda real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026<\/strong>, seg\u00fan el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El poder adquisitivo de las partidas para gastos de funcionamiento no super\u00f3 en ning\u00fan mes de la gesti\u00f3n Milei el 64% del valor que ten\u00eda en enero de 2023 y actualmente se ubica en torno al 40%. Seg\u00fan el CIN, durante los meses de gesti\u00f3n actual se perdi\u00f3 el equivalente a casi nueve meses de transferencias respecto al promedio hist\u00f3rico.<\/p>\n En t\u00e9rminos concretos: el 88% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios, lo que significa que pr\u00e1cticamente no queda margen para investigaci\u00f3n, extensi\u00f3n, mantenimiento de infraestructura ni hospitales universitarios. La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA registr\u00f3 la renuncia de 438 docentes e investigadores entre enero de 2024 y abril de 2026, lo que equivale a un profesor cada dos d\u00edas. La Facultad de Ingenier\u00eda acumul\u00f3 342 dimisiones desde 2023.<\/p>\n La dimensi\u00f3n m\u00e1s dram\u00e1tica del ajuste es la salarial. Un profesor titular universitario con dedicaci\u00f3n simple cobr\u00f3 en mayo de 2026 $593.355 brutos<\/strong>, cuando la canasta b\u00e1sica alimentaria \u2014la l\u00ednea de indigencia\u2014 fue de $658.011 en marzo. Es decir: el salario m\u00e1s b\u00e1sico del escalaf\u00f3n docente universitario est\u00e1 por debajo de la l\u00ednea de indigencia. El cargo m\u00e1ximo \u2014titular con dedicaci\u00f3n exclusiva\u2014 percibe $1.582.283, apenas $150.000 por encima de la canasta b\u00e1sica para una familia de cuatro integrantes, que ronda los $1.434.464 sin incluir alquiler.<\/p>\n Desde el CIN denuncian que para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios necesitar\u00edan una recomposici\u00f3n del 47,3% respecto a los niveles de febrero de 2026<\/strong>. Los docentes perdieron cerca del 30% de poder adquisitivo en el primer semestre de 2025, \u00abm\u00e1s del doble que la media del sector p\u00fablico y 50 veces mayor que el rezago del sector privado\u00bb, seg\u00fan destac\u00f3 Pablo Monk, docente universitario, en declaraciones a Perfil.<\/p>\n Las Becas Progresar permanecen congeladas en $35.000 desde diciembre de 2023. El presupuesto de estas becas se redujo un 82% en t\u00e9rminos nominales entre 2025 y 2026, lo que en t\u00e9rminos reales las ubica m\u00e1s de un 95% por debajo del valor de 2023<\/strong>.<\/p>\n El Congreso aprob\u00f3 la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, que establec\u00eda una recomposici\u00f3n salarial del 44% y la actualizaci\u00f3n autom\u00e1tica de partidas por inflaci\u00f3n. Milei la vet\u00f3 en 2024. El Congreso la aprob\u00f3 nuevamente con mayor\u00eda agravada de dos tercios en ambas c\u00e1maras el 17 de septiembre de 2025, y fue promulgada mediante el Decreto 759\/2025 el 21 de octubre de 2025. Pese a ello, el Ejecutivo suspendi\u00f3 su aplicaci\u00f3n, argumentando que la ley no especifica las fuentes de financiamiento.<\/p>\n El CIN present\u00f3 un amparo colectivo y obtuvo una medida cautelar favorable del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N\u00b0 11, luego confirmada por la C\u00e1mara. La justicia sostuvo que no resulta admisible que el Ejecutivo suspenda una ley aprobada e insistida constitucionalmente. El Ejecutivo apel\u00f3. El expediente qued\u00f3 en manos de la Corte Suprema, que deber\u00e1 definir si el gobierno puede ignorar una ley que orden\u00f3 cumplir dos instancias judiciales anteriores.<\/p>\n El costo fiscal estimado de aplicar la ley oscila entre $2,5 y $3,6 billones. El subsecretario de Pol\u00edticas Universitarias, Alejandro \u00c1lvarez, lo sintetiz\u00f3 sin eufemismos: \u00abNo se puede cumplir porque es abstracta y qued\u00f3 derogada al aprobarse el Presupuesto\u00bb. Y en otra oportunidad: \u00abHoy en d\u00eda no vamos a pagar. Lo digo as\u00ed porque realmente no tenemos la plata.\u00bb Pero la ACIJ se\u00f1al\u00f3 una paradoja que el gobierno no respondi\u00f3: la modificaci\u00f3n del impuesto a Bienes Personales en 2024 implic\u00f3 una merma recaudatoria estimada en $5 billones en dos a\u00f1os, superior al costo de aplicar la ley universitaria.<\/p>\n El 12 de mayo de 2026, el mismo d\u00eda de la cuarta Marcha Federal Universitaria \u2014la mayor movilizaci\u00f3n educativa desde la recuperaci\u00f3n democr\u00e1tica, convocada en Plaza de Mayo y replicada en m\u00e1s de diez provincias\u2014, el Gobierno public\u00f3 la Decisi\u00f3n Administrativa 20\/2026 con un recorte adicional de $78.768 millones<\/strong> en programas de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n. La Universidad Nacional de La Plata perdi\u00f3 $1.043 millones en infraestructura; General San Mart\u00edn y Avellaneda, $700 millones cada una; R\u00edo Cuarto, $680 millones. El Plan Nacional de Alfabetizaci\u00f3n perdi\u00f3 $35.288 millones; el Fondo de Compensaci\u00f3n Salarial Docente fue eliminado.<\/p>\n El Gobierno modific\u00f3 la Ley de Educaci\u00f3n Superior en mayo de 2025 para habilitar a las universidades p\u00fablicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros con residencia temporaria. La ministra Pettovello y el subsecretario \u00c1lvarez insistieron en esta medida como alternativa de financiamiento y la presentaron como un s\u00edmbolo de eficiencia. Sin embargo, los datos son categ\u00f3ricos: los estudiantes extranjeros representan apenas el 4,2% del total de alumnos de grado y pregrado<\/strong>. Seg\u00fan Chequeado, su eventual arancelamiento \u00abtendr\u00eda un impacto marginal en el presupuesto\u00bb. La propuesta funciona como argumento pol\u00edtico \u2014la idea de que los extranjeros \u00abparasitan\u00bb el sistema\u2014 m\u00e1s que como soluci\u00f3n concreta a una crisis de miles de millones de pesos.<\/p>\n Si la situaci\u00f3n universitaria es grave, la del sistema cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico alcanza dimensiones hist\u00f3ricas. El presupuesto para ciencia y tecnolog\u00eda en Argentina representar\u00e1 en 2026 el 0,140% del PBI<\/strong>, el nivel m\u00e1s reducido desde que comenzaron los registros oficiales en 1972. Para encontrar algo parecido hay que remontarse a 2002, cuando el pa\u00eds atravesaba su peor crisis econ\u00f3mica.<\/p>\n La Funci\u00f3n Ciencia y T\u00e9cnica (FCyT) de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional acumula una ca\u00edda del 50,8% respecto a 2023<\/strong>, seg\u00fan el Grupo EPC-CIICTI. Cada a\u00f1o de la gesti\u00f3n Milei fue peor que el anterior: ca\u00edda del 30,2% en 2024, del 16,4% en 2025 y profundizaci\u00f3n en 2026. La Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n \u2014tambi\u00e9n suspendida por el gobierno\u2014 establec\u00eda que en 2026 la Argentina deb\u00eda destinar el 0,52% del PBI a ciencia. El gobierno ejecutar\u00e1 apenas el 28% de esa pauta.<\/p>\n El CONICET es el organismo central del sistema cient\u00edfico argentino. En tres a\u00f1os perdi\u00f3 el 42,2% de su presupuesto<\/strong> (17,7% en 2024, 14,2% en 2025, y 18,2% proyectado para 2026). El organismo opera hoy con menos de la mitad de los recursos que ten\u00eda hace tres a\u00f1os.<\/p>\n El n\u00famero de investigadores pas\u00f3 de 11.079 en noviembre de 2023 a aproximadamente 9.500 en 2025: una reducci\u00f3n del 14%<\/strong> en dos a\u00f1os. El sistema tiene un bloqueo in\u00e9dito en el ingreso a la carrera cient\u00edfica: investigadores seleccionados hace a\u00f1os a\u00fan no han sido designados. Los salarios de investigadores y becarios cayeron hasta un 39,9% en t\u00e9rminos reales<\/strong>, con muchos profesionales percibiendo ingresos por debajo de la l\u00ednea de pobreza. Las becas de investigaci\u00f3n cayeron un 39%, y el fortalecimiento de la actividad cient\u00edfica en universidades cay\u00f3 hasta el 38% del nivel de 2023.<\/p>\n El impacto en proyectos espec\u00edficos es devastador. El fortalecimiento de extensi\u00f3n universitaria, que en 2025 representaba apenas el 1,02% del nivel de 2023, pr\u00e1cticamente desapareci\u00f3. Los programas \u00abConstruir Ciencia\u00bb y \u00abEquiparar Ciencia\u00bb \u2014lanzados en 2022 para alentar la radicaci\u00f3n de investigadores en las provincias\u2014 fueron paralizados.<\/p>\n La combinaci\u00f3n de salarios de pobreza, sin financiamiento para insumos, con la carrera de investigaci\u00f3n pr\u00e1cticamente cerrada y laboratorios desfinanciados, produce un \u00fanico resultado predecible: la fuga de cerebros. \u00abEn los \u00faltimos dos a\u00f1os hay un \u00e9xodo masivo de investigadores y tesistas doctorales j\u00f3venes. El CONICET, que siempre fue un semillero, no abre puestos y los grupos de trabajo se est\u00e1n vaciando\u00bb, explic\u00f3 el secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham. El destino preferido son Brasil y Chile. En palabras de quienes conocen el sistema desde adentro: \u00abPerdemos toda una generaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n La experiencia internacional con los sistemas de vouchers no es un\u00edvoca, pero s\u00ed contundente en un punto: tienden a profundizar la segmentaci\u00f3n por clase social, origen \u00e9tnico y capital cultural de las familias. Chile implement\u00f3 el voucher en los a\u00f1os ochenta bajo Pinochet y en 2015 tuvo que reformarlo parcialmente, reconociendo sus efectos segregadores. Suecia introdujo un sistema similar en 1992 y desde entonces monitorea con preocupaci\u00f3n el deterioro de la equidad. El proyecto argentino declara que busca que \u00abla libertad de elecci\u00f3n no dependa del nivel de ingresos\u00bb, pero no explica c\u00f3mo garantizar\u00e1 eso en un pa\u00eds con alt\u00edsimos niveles de desigualdad y sin una clase media homog\u00e9nea capaz de procesar informaci\u00f3n educativa compleja.<\/p>\n El nuevo esquema transfiere a las provincias la responsabilidad central del sostenimiento del sistema educativo b\u00e1sico. Pero las provincias argentinas son profundamente heterog\u00e9neas. Algunas ya no pueden pagar salarios docentes en tiempo y forma. La pregunta de qu\u00e9 ocurre cuando Formosa, Chaco o Santiago del Estero deban financiar un sistema de vouchers sin tener los recursos para hacerlo no tiene respuesta en el texto del proyecto.<\/p>\n La eliminaci\u00f3n del Fondo Nacional para la Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional tiene consecuencias directas sobre las escuelas t\u00e9cnicas, que forman a los trabajadores especializados que necesita el sector productivo. Este desfinanciamiento est\u00e1 en directa contradicci\u00f3n con cualquier estrategia de desarrollo industrial o agroindustrial. La Argentina no puede aspirar a desarrollar sectores de mayor valor agregado si desmantela simult\u00e1neamente el sistema que forma a los t\u00e9cnicos que los hacen posibles.<\/p>\n La respuesta que los propios investigadores dan es preocupante: mucho m\u00e1s de lo que tard\u00f3 en desmantelarse. Un grupo de investigaci\u00f3n que se disuelve no se reconstruye en un a\u00f1o: los docentes ya se fueron al exterior, los laboratorios perdieron equipamiento, los proyectos de largo plazo fueron abandonados. El gobierno de Milei declar\u00f3 en campa\u00f1a que \u00abde la investigaci\u00f3n se ocupe el sector privado\u00bb. Pero la investigaci\u00f3n b\u00e1sica \u2014la que produce conocimiento sin aplicaci\u00f3n inmediata evidente\u2014 no tiene mercado privado porque no tiene retorno directo de corto plazo. Ning\u00fan pa\u00eds que hoy lidera en innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica lleg\u00f3 ah\u00ed sin una inversi\u00f3n p\u00fablica sostenida en ciencia b\u00e1sica durante d\u00e9cadas.<\/p>\n El escenario actual plantea una anomal\u00eda institucional in\u00e9dita: el Congreso aprob\u00f3 la Ley de Financiamiento Universitario dos veces, en ambas c\u00e1maras, con mayor\u00eda agravada. El Ejecutivo la vet\u00f3, la insisti\u00f3 el Congreso, fue promulgada y aun as\u00ed no se aplica. Dos instancias judiciales ordenaron cumplirla. El Ejecutivo apel\u00f3 y espera que la Corte Suprema le d\u00e9 la raz\u00f3n. El fallo de la Corte, cualquiera sea su sentido, tendr\u00e1 consecuencias que van mucho m\u00e1s all\u00e1 del presupuesto educativo: definir\u00e1 si el Ejecutivo puede ignorar leyes que el Congreso aprob\u00f3 con mayor\u00edas constitucionales cuando la restricci\u00f3n presupuestaria as\u00ed lo determine.<\/p>\n La Ley de Libertad Educativa no es solo un conjunto de medidas t\u00e9cnicas. Es la expresi\u00f3n concreta de una filosof\u00eda pol\u00edtica que concibe a la educaci\u00f3n como un bien privado que el mercado distribuye m\u00e1s eficientemente que el Estado. Frente a ella se levanta la concepci\u00f3n que domin\u00f3 el sistema argentino durante dos d\u00e9cadas: la educaci\u00f3n como derecho social universal que el Estado debe garantizar independientemente de la capacidad de pago de cada familia.<\/p>\n El debate entre ambas posiciones es leg\u00edtimo y tiene argumentos de ambos lados. Pero hay preguntas que cualquier reforma honesta deber\u00eda responder antes de implementarse: \u00bfQu\u00e9 pasar\u00e1 con los 10 millones de alumnos de las escuelas p\u00fablicas argentinas cuando el financiamiento siga a la demanda? \u00bfQui\u00e9n garantizar\u00e1 que el voucher alcance para financiar una educaci\u00f3n de calidad en zonas rurales o barrios perif\u00e9ricos donde no hay oferta privada? \u00bfC\u00f3mo se compatibiliza la eliminaci\u00f3n del piso del 6% del PBI con la declaraci\u00f3n de que \u00abla libertad de elecci\u00f3n no depende del nivel de ingresos\u00bb?<\/p>\n El sistema educativo argentino tiene problemas reales que exigen respuestas urgentes: baja tasa de egreso secundario, inequidad territorial profunda, formaci\u00f3n docente insuficiente, infraestructura deteriorada, desconexi\u00f3n entre la formaci\u00f3n y las demandas del mercado laboral. La cuesti\u00f3n es si el modelo propuesto resuelve esos problemas o los profundiza al tiempo que agrega otros nuevos.<\/p>\n La Ley de Libertad Educativa todav\u00eda no fue aprobada por el Congreso, donde enfrenta una batalla pol\u00edtica dif\u00edcil. Pero el recorte presupuestario ya ocurri\u00f3, la fuga de investigadores ya es masiva, los salarios docentes ya cayeron debajo de la l\u00ednea de pobreza y las universidades ya funcionan con menos recursos reales de los que ten\u00edan en 2006. La reforma legislativa es la parte del iceberg que se ve. El desmantelamiento presupuestario es la parte que ya est\u00e1 bajo el agua.<\/p>\n El debate que viene \u2014en el Congreso, en los tribunales y en la calle\u2014 no es solo sobre vouchers u homeschooling. Es sobre qu\u00e9 tipo de pa\u00eds quiere ser Argentina en los pr\u00f3ximos veinte a\u00f1os: uno que invierte en capital humano y conocimiento como motores de desarrollo, o uno que transfiere esa responsabilidad al mercado y espera que el mercado resuelva lo que siempre resolvi\u00f3 de manera desigual.<\/p>\n La Ley de Libertad Educativa El gobierno de Milei avanza en la transformaci\u00f3n m\u00e1s radical del sistema educativo argentino desde la recuperaci\u00f3n democr\u00e1tica. Vouchers, homeschooling, eliminaci\u00f3n de la meta del 6% del PBI y un recorte sin precedentes en universidades y ciencia configuran un cambio de paradigma cuyas consecuencias apenas comienzan a verse. Esta es […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2492,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"amp_status":"","footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-2489","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"yoast_head":"\n
\nEl punto de partida: una arquitectura legal que se derrumba<\/h2>\n
\nLa Ley de Libertad Educativa: qu\u00e9 propone punto por punto<\/h2>\n
El giro ideol\u00f3gico: de derecho a elecci\u00f3n<\/h3>\n
Los vouchers educativos: el coraz\u00f3n del modelo<\/h3>\n
El homeschooling: de limbo legal a derecho reconocido<\/h3>\n
La educaci\u00f3n declarada servicio esencial<\/h3>\n
El Examen Nacional de Educaci\u00f3n Secundaria (ENES)<\/h3>\n
Los Consejos de Padres: gobierno escolar o politizaci\u00f3n institucional<\/h3>\n
La eliminaci\u00f3n del piso del 6% del PBI<\/h3>\n
\nEl colapso universitario: los n\u00fameros del desmantelamiento<\/h2>\n
La ca\u00edda hist\u00f3rica del presupuesto<\/h3>\n
Los salarios que no alcanzan ni para comer<\/h3>\n
La Ley de Financiamiento Universitario: aprobada, vetada, insistida, ignorada<\/h3>\n
El arancelamiento a extranjeros: una medida simb\u00f3lica de escaso impacto real<\/h3>\n
\nLa ciencia argentina: el nivel m\u00e1s bajo desde que hay registros<\/h2>\n
El CONICET: vaciamiento de tres a\u00f1os<\/h3>\n
\nLo que falta: las preguntas sin respuesta<\/h2>\n
\u00bfQu\u00e9 pasa con la segregaci\u00f3n educativa?<\/h3>\n
\u00bfQu\u00e9 pasa con las provincias que no pueden absorber la transferencia de responsabilidades?<\/h3>\n
\u00bfQu\u00e9 pasa con la educaci\u00f3n t\u00e9cnica y la formaci\u00f3n profesional?<\/h3>\n
\u00bfCu\u00e1nto tiempo tarda en recuperarse un sistema cient\u00edfico?<\/h3>\n
La Corte Suprema: el \u00e1rbitro que nadie eligi\u00f3 para este debate<\/h3>\n
\nEl debate de fondo: \u00bfeducaci\u00f3n como derecho o como mercado?<\/h2>\n
\nEn s\u00edntesis: una reforma que todav\u00eda no empez\u00f3 pero ya dej\u00f3 marcas<\/h2>\n
\nFuentes<\/h2>\n
\n