Perspectivas
Gobierno enviará proyecto para desregular el mercado inmobiliario
El Gobierno nacional, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, girará esta semana al Congreso un paquete de iniciativas que incluye una profunda reforma del mercado inmobiliario. El envío se anunciará mañana en la conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier y busca eliminar barreras regulatorias que encarecen la intermediación y limitan la competencia. Esta medida forma parte de una agenda más amplia de desregulación que también alcanza al mercado de capitales y al cabotaje, en un contexto de esfuerzo por bajar costos y reactivar la economía.
El proyecto elimina la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional para ejercer el corretaje inmobiliario, suprime aranceles y honorarios mínimos, y deroga la exigencia de título universitario que establecía la Ley 25.028. Además, desarticula el monopolio sancionador de los colegios, elimina las sanciones por ejercer sin matrícula y quita las restricciones geográficas para operar en distintas jurisdicciones. De esta manera, el corretaje pasaría de ser considerado una “profesión liberal” a un servicio de intermediación comercial, similar a reformas aplicadas en otros sectores.
En el plano macroeconómico, la iniciativa se inscribe en la lógica de desregulación impulsada por Sturzenegger para reducir costos de construcción y facilitar el acceso a la vivienda en un país donde los precios de las propiedades y los servicios asociados siguen siendo elevados para gran parte de la población. Fuentes oficiales sostienen que las barreras impuestas por colegios y asociaciones limitaron la competencia, fijaron precios artificiales y encarecieron las operaciones. La reforma apunta a generar mayor dinamismo, transparencia y eficiencia en un sector clave para la inversión y el desarrollo urbano.
El impacto en el mercado y los actores involucrados es significativo. Los colegios de martilleros y corredores ya manifiestan resistencia: el 4 de junio autoridades del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires se reunieron con Sergio Massa en busca de respaldo político. Desde el oficialismo se argumenta que las leyes provinciales que consolidaron este esquema surgieron mayoritariamente a partir de 2003, poco después de la asunción de Néstor Kirchner, lo que se utiliza como elemento político para cuestionar el modelo actual. Para los potenciales beneficiarios —compradores, vendedores y nuevos operadores— la desregulación promete menores comisiones y más opciones, aunque el sector advierte posibles riesgos en términos de profesionalismo y seguridad jurídica.
De cara al futuro, el debate parlamentario recién comenzará una vez ingresado el proyecto, antes del receso de invierno. En paralelo, la próxima semana se ingresará Inocencia Fiscal II, una versión mejorada tras el diálogo entre el ministro de Economía Luis Caputo y contadores. El éxito de estas iniciativas dependerá de la capacidad del oficialismo para construir consensos en el Congreso y de la adaptación del sector inmobiliario a un esquema más competitivo. Si se concreta, podría marcar un antes y un después en la forma de operar en uno de los mercados más regulados de la economía argentina, contribuyendo a la meta de bajar costos y fomentar la inversión privada.
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