Milei anunció hoy mismo (30 de julio) su versión argentina del shutdown pero como funciona en USA

Cómo funciona el shutdown en EE.UU.

No es que «se acaba la plata» y listo: es un mecanismo legal preciso.

• El Congreso tiene que aprobar 12 leyes de gasto (o una prórroga transitoria) antes de que arranque el año fiscal. Si vence el plazo y no hay ley firmada por el presidente, se abre lo que se llama una «brecha de financiamiento».
• Ahí entra en juego la Antideficiency Act (una ley de 1870, endurecida por dictámenes del fiscal general Benjamin Civiletti en 1980-81): prohíbe a cualquier agencia gastar o comprometer fondos que no estén autorizados por el Congreso, y también prohíbe que un empleado «trabaje gratis» a cuenta de un pago futuro.
• Resultado práctico: las agencias tienen que suspender toda actividad no esencial. Se manda a los empleados a furlough (licencia forzosa sin goce de sueldo) y solo sigue funcionando lo que esté «razonablemente conectado» con la seguridad de la vida humana o la protección de la propiedad: militares, control de tráfico aéreo, seguridad fronteriza, etc.
• Lo esencial es que el sueldo se retiene, no se pierde: cuando se destraba el conflicto, el Congreso vota retroactivamente el pago de los salarios caídos. Los legisladores, dicho sea de paso, generalmente siguen cobrando durante el cierre, porque su propio salario está protegido constitucionalmente (Artículo I) y no depende de una ley de asignaciones anual.
• Es un invento bastante único de EE.UU.: existe por la división de poderes tan estricta y porque el Congreso controla la billetera de manera exclusiva. En la mayoría de las democracias presidencialistas de América Latina esto directamente no existe como mecanismo.

Hubo dos casos recientes: el cierre de 43 días en 2025 (el más largo de la historia) y otro de apenas 4 días en 2026.

Por qué la propuesta de Milei es más dura

La diferencia central: en el modelo argentino que anunció, nadie de la política cobra, ni siquiera los que en EE.UU. están blindados.

Según sus propias palabras de hoy: «Durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo».

Eso es justamente lo que en EE.UU. no pasa: allá el Congreso —que es quien decide cuándo se destraba el cierre— sigue cobrando su sueldo mientras el resto del Estado está en furlough. Es una de las críticas históricas al sistema estadounidense: los que tienen la llave para resolver el conflicto no sienten el costo político-económico directo.

La lógica de Milei apunta justo a corregir ese incentivo perverso: si se le corta el sueldo a toda la dirigencia política (Presidente incluido) hasta que se resuelva el problema presupuestario, la presión para negociar rápido —según el argumento oficial— recae sobre «la política» y no sobre la gente. Como resumió el propio Presidente: «si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente».

Otras diferencias del esquema argentino:

• Quedarían exceptuados jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicio penitenciario — algo más generoso en materia social que el modelo estadounidense, que sí llega a afectar programas de asistencia alimentaria.
• El Gobierno invitaría a las provincias a adoptar un esquema parecido.
• A diferencia de EE.UU., donde el mecanismo surge de una interpretación jurídica de una ley de 1870, en Argentina requiere reforma expresa porque hoy, si no hay Presupuesto nuevo, automáticamente se prorroga el del año anterior (no hay «apagón» automático).

El problema: varios constitucionalistas —incluso legisladores libertarios— cuestionan si es viable. Argumentan que Argentina, al ratificar tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, no podría dejar de garantizar servicios básicos como salud o educación de la forma en que EE.UU. sí lo permite bajo su propio marco legal. El diputado Miguel Pichetto fue más filoso todavía: advirtió que una medida así dejaría al país sin seguridad, salud y educación.