El Gobierno amplió el RIGI a obras ferroviarias y tecnología en plena privatización del Belgrano Cargas

El Ejecutivo oficializó este martes la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a dos nuevos frentes: la infraestructura ferroviaria y el sector tecnológico. La medida, plasmada en el Decreto 748/2026 publicado en el Boletín Oficial (con firmas de Javier Milei, Luis Caputo y Diego Santilli), llega en un momento clave del proceso de privatización de Belgrano Cargas y busca destrabar inversiones de envergadura en una red deteriorada y en proyectos de innovación tecnológica.

Qué obras ferroviarias entran al RIGI

El decreto aclara que el régimen no se limita a la construcción de infraestructura nueva. También incluye la renovación, sustitución, transformación o desarrollo de la existente, siempre que no se trate de simple mantenimiento o conservación.

Entre las intervenciones expresamente admitidas figuran:

• Duplicación de vías en trazas existentes.
• Rehabilitación de ramales no operativos.
• Renovación integral de puentes y alcantarillas.
• Instalación o renovación de sistemas de señalamiento automático, telecomunicaciones y energía asociados a la red.
• Electrificación de trazas.
• Sistemas de protección activa en pasos a nivel y cruces a distinto nivel.
• Construcción de nodos logísticos, puertos secos, centros de desconsolidación y playas de maniobra.

Para que una inversión sobre infraestructura preexistente califique como “ampliación de un proyecto preexistente” (y así acceder al RIGI), debe generar un incremento verificable de la capacidad de transporte, medido con parámetros técnicos objetivos y cuantificables. La norma no fija un porcentaje mínimo de aumento.

El Gobierno fundamentó la decisión en el artículo 75 inciso 18 de la Constitución Nacional (fomento de la construcción de ferrocarriles) y en el estado de la red: la mayor parte fue construida hace décadas y presenta deterioro que afecta su capacidad operativa.

El vínculo con la privatización del Belgrano Cargas

La habilitación del RIGI para estas obras cierra una incógnita que demoraba los pliegos de la privatización. Fuentes oficiales habían anticipado que se trabajaba en esta posibilidad. El cronograma apunta a publicar los pliegos antes de fin de agosto, con adjudicación estimada para abril o mayo de 2027.

El esquema divide la operación en tres concesiones independientes (una por cada ramal: Belgrano, San Martín y Urquiza). Cada una se subdivide a su vez en tres procesos: operación de vías, talleres ferroviarios y venta del material rodante. Se adopta el modelo de open access de la Ley 27.132 (el operador de la infraestructura debe permitir el acceso de terceros a cambio de un peaje). El plazo de concesión es de 50 años.

La red involucrada suma 7.600 kilómetros de vías en 15 provincias y transporta principalmente granos, insumos industriales y productos de economías regionales.

Entre los interesados destacan el Grupo México Transportes (GMXT), que opera más de 11.000 km en México y el sur de Estados Unidos y declaró disposición a invertir hasta USD 3.000 millones en la modernización, y un consorcio de cerealeras integrado por Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Cambios en el sector tecnológico

El decreto también introduce precisiones para la tecnología. Una empresa podrá adherirse al RIGI como “ampliación de un proyecto preexistente” si incorpora un producto nuevo que:

• Presente diferencias en al menos el 50 % de sus componentes (medidos en valor económico) respecto de los bienes que ya produce.
• Implique una inversión mínima computable de USD 250 millones.
• Tenga un ciclo de vida útil de mercado igual o inferior a 10 años (acreditado mediante informe técnico de un profesional independiente que justifique el horizonte de obsolescencia tecnológica y comercial).

Contexto

El RIGI ya concentra decenas de proyectos por decenas de miles de millones de dólares, principalmente en energía, minería y petróleo y gas. Esta ampliación apunta a atraer capital privado a un sector estratégico para la logística de cargas y a facilitar la entrada de proyectos tecnológicos de alto valor agregado.

La medida se conoce mientras el Gobierno avanza en otras privatizaciones y busca generar señales de inversión de largo plazo en un contexto de calma cambiaria relativa, pero con el riesgo país cerca de los 500 puntos y los activos locales bajo presión.