Proyecto de ley para cerrar el último capítulo pendiente del default de deuda soberana de 2001

El Gobierno de Javier Milei envió (o enviará en los próximos días) al Congreso un proyecto de ley para cerrar el último capítulo pendiente del default de deuda soberana de 2001 con los holdouts (acreedores que no entraron a ninguno de los canjes anteriores).

¿De qué se trata?

Se trata de un acuerdo de conciliación alcanzado con los últimos holdouts que mantuvieron litigios activos en Nueva York durante más de 20 años. Estos fondos nunca aceptaron los canjes de 2005, 2010 ni el acuerdo de 2016 (cuando se pagaron unos US$ 9.300 millones a la mayoría de los holdouts). Representan un remanente muy pequeño (menos del 5 % del total original), pero tenían sentencias firmes e inapelables a su favor ante la jueza Loretta Preska.

Los fondos principales involucrados son:

• Grupo liderado por Attestor Master Value (junto con Trinity, White Hawthorne, Bison Bee, Bybrook, etc.): reclamaban alrededor de US$ 500 millones.
• Bainbridge Fund: reclamaba cerca de US$ 95 millones más intereses.

En total, las demandas originales rondaban los US$ 600 millones.

¿Cuánto resta pagar?

Según las informaciones disponibles, el acuerdo implica un pago de aproximadamente USD 171 millones.

No se pagará el monto total reclamado originalmente. Ya se habían ejecutado parte de los colaterales (bonos Brady embargados en la Reserva Federal de Nueva York por unos US$ 310 millones): Attestor se quedó con alrededor de US$ 210 millones y Bainbridge tenía bloqueados unos US$ 100 millones (en disputa). El acuerdo final es por un monto significativamente menor a la deuda nominal y resuelve las sentencias pendientes.

¿Con qué condiciones?

• El pago está sujeto a aprobación del Congreso Nacional mediante un proyecto de ley (el Ejecutivo busca que se trate con urgencia, idealmente antes del 30 de abril para evitar que caduquen aspectos del acuerdo).
• Una vez aprobado, se levanta el litigio en Nueva York y se suspenden todos los pedidos de embargo sobre activos argentinos (como acciones del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, YPF u otros).
• El acuerdo fue firmado el 1 de abril de 2026 (con compromisos provisorios desde marzo) y ya fue notificado a la jueza Preska, quien suspendió temporalmente los procedimientos.
• No se detallan públicamente las formas exactas de pago (efectivo, bonos nuevos u otra estructura), pero se espera que queden claras una vez que se presente el proyecto de ley en el Congreso.

¿Por qué ahora y por qué al Congreso?

El Gobierno busca cerrar definitivamente este frente judicial heredado (que ya no representa un riesgo sistémico, pero sí generaba costos legales y amenazas de embargos). Al requerir aprobación legislativa, se evita cualquier cuestionamiento futuro y se da mayor institucionalidad al acuerdo.

Con este paso, Argentina busca poner punto final a uno de los litigios más largos de la historia de la deuda soberana, 25 años después del default de 2001. El proyecto ya fue enviado o está en vías de serlo, y el debate en el Congreso definirá los detalles finales.