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Red Federal de Concesiones Viales: Qué avanzó, qué falta y qué está en juego
El gobierno de Milei impulsa la mayor transformación de la infraestructura vial argentina en décadas. Más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales pasarán a manos privadas bajo contratos de 20 años y sin subsidios del Estado. El proceso avanza por etapas, pero las deudas pendientes son enormes: rutas deterioradas, tarifas en alza, debates constitucionales y una red terciaria invisible para el esquema.
¿Qué es la Red Federal de Concesiones y por qué surgió?
La Red Federal de Concesiones (RFC) es el programa más ambicioso de infraestructura vial de la administración Milei. Formalizado a través del Decreto 28/2025 publicado en el Boletín Oficial el 15 de enero de 2025, el proyecto contempla concesionar la operación, el mantenimiento y la explotación de 9.145 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en 13 tramos, bajo contratos de 20 años con inversión 100% privada y sin subsidios estatales.
El motor de la iniciativa fue el fracaso acumulado del modelo anterior. Corredores Viales S.A., la empresa estatal creada en 2017 para gestionar las rutas que el sector privado había abandonado, terminó operando con déficit creciente y con fondos del Tesoro Nacional cubriendo los baches financieros. Hasta diciembre de 2023, el Estado subsidiaba el sistema con partidas discrecionales, lo cual desnaturalizó el sentido original del peaje: autofinanciar la red. Desde el gobierno argumentan que ese esquema implicaba ineficiencia, opacidad presupuestaria y deterioro progresivo de los corredores.
La RFC se presenta como el reemplazo sistémico: el sector privado asume la gestión, financia las obras con los ingresos del peaje y el Estado conserva la regulación a través de Vialidad Nacional, que actúa como autoridad de control por resultados. La licitación se rige bajo el régimen de la Ley N° 17.520 de Concesiones de Obra Pública, modificada por la Ley N° 27.742 («Ley Bases»). El procedimiento estuvo a cargo del Ministerio de Economía junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Los 9.145 km que abarca el programa representan apenas el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito del país. Son los corredores estratégicos: los que vinculan polos agropecuarios con puertos, zonas industriales con mercados de consumo, y grandes ciudades entre sí.
Las etapas del proceso: qué se adjudicó y qué sigue
El proceso licitatorio fue diseñado en cuatro etapas escalonadas, cada una con sus propios tramos, plazos y mecanismos de adjudicación.
Etapa I: El puntapié con los corredores del Mercosur
La primera etapa involucró los dos tramos del ex Corredor Vial 18, cuya concesión venció el 9 de abril de 2025: el Tramo Oriental (682 km sobre las RN 12 y RN 14, cruzando Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes) y la Conexión Rosario-Victoria (59 km sobre la RN 174, incluyendo el puente sobre el Paraná). El llamado se lanzó en diciembre de 2024 y la adjudicación se produjo antes de que venciera la concesión anterior. Fue el primer test del nuevo modelo.
Etapa II-A: Pampa y Sur Atlántico
La segunda instancia incluyó los Tramos Pampa y Sur Atlántico – Acceso Sur, con más de 1.870 kilómetros en total. El Tramo Pampa comprende la RN 5 (546 km), corredor central para la producción cerealera del noroeste bonaerense. El Tramo Sur Atlántico Acceso Sur suma 1.325 km entre la Autopista Riccheri, la Au. Ezeiza-Cañuelas, la RN 3, la RN 205 y la RN 226, conectando el AMBA con el sur de la provincia. Esta etapa fue adjudicada y actualmente se encuentra en la fase de impugnaciones y resoluciones administrativas previas a la toma de posesión.
Etapa II-B: Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur
El hito más reciente del proceso. El 12 de mayo de 2026, Vialidad Nacional realizó la apertura de sobres técnicos para la licitación de más de 2.500 kilómetros distribuidos en cuatro tramos estratégicos del interior del país, bajo la Licitación Pública Nacional e Internacional 504-0015-LPU25. Se presentaron 17 oferentes, una cifra que el ministro de Economía Luis Caputo calificó como expresión del «interés total» del mercado privado.
Los tramos de esta etapa son:
- Mediterráneo: 672 km sobre las RN 7 y 35, atravesando Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
- Puntano: 720 km sobre las RN 8, 36, A-005 y 193, conectando San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
- Portuario Norte: 528 km sobre las RN 9, 33 y A-008, en Santa Fe y Buenos Aires.
- Portuario Sur: 636 km sobre las RN 9 y 188, en Buenos Aires y La Pampa.
Las ofertas se presentaron en dos sobres: el primero con la documentación técnica y de calificación del oferente; el segundo con la propuesta económica, que es la tarifa de peaje que la empresa propone cobrar. El criterio de adjudicación será la menor tarifa ofrecida, lo que en teoría introduce competencia real en beneficio del usuario.
Etapa III: El gran desafío en el horizonte
La Etapa III, formalizada mediante la Resolución 174/2026 del Ministerio de Economía (publicada en el Boletín Oficial), incorporará más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho tramos adicionales. Involucra rutas del NOA, Cuyo y el Nordeste argentino, zonas de menor densidad de tráfico pero de alto valor productivo y social. El llamado a licitación ya está disponible bajo el número 504-0001-LPU26 en la plataforma Contratar. Esta es la etapa más compleja del programa, ya que incluye corredores con menor atractivo comercial para los privados y mayor dependencia logística del transporte de economías regionales.
El modelo en detalle: cómo funcionan los contratos
El esquema de la RFC introduce cambios estructurales respecto a las concesiones anteriores:
Sin subsidios, sin canon. Los concesionarios no recibirán aportes del Estado, pero tampoco deberán pagar un canon al gobierno. El equilibrio financiero depende exclusivamente de los ingresos por peaje. Este modelo solo es viable en corredores con tránsito suficientemente alto para sostener la operación.
Tarifa tope competitiva. El criterio de adjudicación es la menor tarifa ofrecida, con un techo establecido en los pliegos. Según los documentos técnicos, los valores tope representan incrementos de entre el 54% y el 215% respecto de las tarifas vigentes al momento de la licitación. Sin embargo, los nuevos peajes solo pueden cobrarse una vez que la ruta cumpla condiciones mínimas de transitabilidad: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical completa, e iluminación adecuada.
Digitalización del peaje. Los pliegos incorporan la transición hacia el sistema de free flow (cobro sin barreras físicas, mediante pórticos y lectura de patentes). El Decreto 733/2025 establece un plazo hasta diciembre de 2026 para que las rutas nacionales adopten total o parcialmente la digitalización. Además, se duplicará la tarifa para quienes paguen en efectivo o con medios manuales, como incentivo para migrar al TelePASE.
Control por resultados. Vialidad Nacional supervisará el cumplimiento de los contratos mediante indicadores técnicos del estado de la calzada, como el Índice de Serviciabilidad Presente (ISP). Los concesionarios estarán obligados a mantener estándares mínimos de calidad en forma permanente.
Contratos de 20 años. La extensión de los contratos permite planificar inversiones de largo aliento y amortizar los costos de obras estructurales. También protege a los inversores frente a la volatilidad económica argentina, aunque abre preguntas sobre la capacidad del Estado de fiscalizar el cumplimiento a lo largo de dos décadas.
Lo que falta: las deudas pendientes del modelo
1. El estado crítico de las rutas que se licitaron
El problema más urgente es el punto de partida. Según datos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), más de 22.000 kilómetros de rutas nacionales se encuentran en condiciones críticas, con evidencia fotográfica y geolocalización de los daños. La organización solicitó formalmente la declaración de emergencia en infraestructura vial.
Desde Vialidad Nacional se advierte que algunos corredores ya adjudicados —como la RN 14, la RN 12, la RN 5 y el Puente Rosario-Victoria— comenzaron a cobrar peaje sin que se registren obras de mejora visibles para los usuarios. La gremial de Vialidad y sectores del transporte denuncian que el esquema traslada el costo del sostenimiento vial a los usuarios sin garantías de que las mejoras lleguen en tiempo y forma.
Un informe técnico sobre el sistema vial señala que en rutas como la RN 3 o la RN 5 se concentran tramos en estado «malo o muy malo» según el ISP, lo que exige una inversión inicial relevante antes de cualquier normalización tarifaria. El sector estima que reconstruir caminos deteriorados puede demandar entre cinco y siete veces más recursos que un plan de mantenimiento preventivo sostenido.
2. La ecuación tarifaria y el impacto en la logística
Los peajes son la variable más sensible del modelo. Según los pliegos de la Etapa II, las tarifas tope implicarían aumentos de entre el 54% y el 215% respecto de los valores actuales. En algunos trayectos, la habilitación de nuevas cabinas de peaje podría elevar el impacto acumulado hasta un 1.746% por la multiplicación de puntos de cobro en la misma ruta.
El sector del transporte de cargas absorbió, solo en el primer bimestre de 2026, un aumento del 13,3% en costos de peajes, la variación más alta de todos los rubros de su estructura de costos. Para las flotas que transitan estos corredores a diario, la variación modifica significativamente el costo operativo mensual.
El impacto es especialmente crítico para la agroindustria, que moviliza más del 75% de su producción por carretera hacia puertos y plantas industriales. Los tramos de la Etapa II-B —Mediterráneo y Puntano— son precisamente las rutas de la soja, el maíz y el girasol: conectan zonas productivas del sudeste cordobés y sanluiseño con el complejo de crushing de Santa Fe y los puertos del Gran Rosario y Bahía Blanca. Un incremento desproporcionado en los peajes de estos corredores se traslada directamente a los costos FOB y erosiona competitividad exportadora.
3. Las rutas que el modelo no toca: la red terciaria
La RFC se concentra en el 20% de la red que concentra el 80% del tránsito. Pero el 80% restante —la red de rutas provinciales, municipales y caminos rurales— queda fuera del esquema y sin una respuesta estructural clara.
Argentina tiene 40.198 kilómetros de red vial nacional, 200.000 kilómetros de rutas provinciales y 600.000 kilómetros de caminos municipales. Solo el 6% de los ingresos por el impuesto a los combustibles se destina hoy a la red vial, lo que resulta insuficiente para sostener el mantenimiento mínimo de esa masa crítica. La red terciaria es vital para la producción agropecuaria y para la conectividad de comunidades alejadas: cuando los caminos de tierra e ingreso a chacras se vuelven intransitables en épocas de lluvias, las pérdidas para el sector primario son directas y cuantificables.
El modelo de concesiones privadas funciona donde hay tránsito suficiente para generar ingresos de peaje. En la red secundaria y terciaria, ese umbral no existe, y la RFC no propone una alternativa de financiamiento. Esa es una de las críticas más contundentes al enfoque: resuelve el problema donde el mercado ya puede operar, pero no donde el mercado falla.
4. La provincialización y el Decreto 253/2026
En paralelo al proceso de la RFC, el gobierno emitió el Decreto 253/2026, que habilitó a nueve provincias —Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén— a concesionar tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios mediante el sistema de obra pública por peaje. El decreto establece una delegación «funcional, limitada, temporal y revocable», aclarando que el Estado nacional mantiene jurisdicción.
El Comité Nacional en Defensa del Usuario Vial (CONADUV) presentó un rechazo formal a esta medida, argumentando que «carece de una ley formal que la respalde» y que contraviene el artículo 75 de la Constitución Nacional, que asigna al Congreso la potestad exclusiva de crear tributos. La organización también denuncia una posible doble imposición: los usuarios ya pagan el impuesto a los combustibles líquidos (que debería financiar el mantenimiento vial), y encima abonarían un nuevo peaje. Para el transporte de cargas de larga distancia, la suma de ambos conceptos podría representar una carga económica inviable en corredores donde el tránsito es menor.
5. Las obras que no están: sin nuevas autopistas en el horizonte
Uno de los límites explícitos del modelo RFC es que no contempla la construcción de nuevas rutas, autopistas o duplicaciones de calzada. Los contratos son de operación, mantenimiento, rehabilitación y explotación. No de obra nueva.
La Argentina lleva décadas de rezago en la transformación de rutas en autopistas. Corredores de altísimo tránsito pesado, como la RN 9 entre Rosario y Córdoba o la RN 7 entre Buenos Aires y Mendoza, exigen urgentemente la duplicación de calzada para reducir siniestros viales. El 29% de los accidentes de tránsito fatales del país ocurren en rutas nacionales de traza simple. Sin inversión en infraestructura nueva, las concesiones solo abordan el síntoma —el deterioro del pavimento existente— pero no el problema estructural de una red que necesita modernizarse.
6. El control institucional: quién fiscaliza a los concesionarios
El esquema de la RFC disuelve la Dirección Nacional de Vialidad tal como se conocía y reconfigura el control institucional. Las funciones se dividen entre la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Obras Públicas y la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos (transformación de la CNRT). La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) fueron disueltas.
Esta reconfiguración institucional plantea interrogantes sobre la capacidad real de fiscalización. Los contratos duran 20 años. La efectividad del control por resultados depende de que el organismo fiscalizador tenga los recursos técnicos, el personal especializado y la independencia política para sancionar a los concesionarios en caso de incumplimiento. La experiencia argentina de los años noventa con las concesiones viales fue, en varios casos, un antecedente problemático: muchas empresas no cumplían los estándares de inversión comprometidos, se registraban deficiencias en el mantenimiento y las tarifas se volvían impopulares ante la falta de mejoras tangibles.
Desde el Congreso, legisladores ya presentaron proyectos de resolución pidiendo al Ejecutivo que informe sobre los indicadores de seguridad vial utilizados para definir intervenciones obligatorias, las metas de reducción de siniestros previstas en los contratos, el detalle de las obras comprometidas por los concesionarios y los mecanismos de sanción ante incumplimientos.
7. El impuesto a los combustibles: una deuda histórica sin respuesta
Uno de los debates más persistentes detrás de la RFC es qué pasa con los fondos que la sociedad ya aporta para el mantenimiento vial a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Se estima que este impuesto genera más de 850.000 millones de pesos anuales, destinados al Fideicomiso del Sistema Vial Integrado. Sin embargo, solo el 6% de esos recursos se destina efectivamente a la red vial, según datos de CAMARCO. El resto se desvía hacia rentas generales.
La coexistencia de un impuesto específico a los combustibles —que en teoría debería financiar caminos— con un sistema de peajes crecientes configura, para muchos usuarios y organizaciones, una doble imposición de facto. CONADUV y la Asociación de Propietarios de Automotores exigen que se destinen efectivamente los fondos del ICL al mantenimiento vial antes de imponer nuevas cargas sobre los usuarios.
Lo que el gobierno dice que viene: el ahorro y la señal al mercado
El oficialismo defiende el modelo con dos argumentos centrales. El primero es fiscal: el nuevo esquema implica un ahorro proyectado de entre 5.600 y 6.100 millones de dólares en 20 años, al eliminar los subsidios que sostenían a Corredores Viales S.A. y al sacar la gestión vial de la órbita del gasto público. El segundo es de señal: los 17 oferentes de la Etapa II-B —un número inusualmente alto para este tipo de licitaciones en Argentina— son interpretados como una validación del mercado al modelo.
El ministro Caputo sintetizó la posición oficial: «Seguimos avanzando con un esquema sin subsidios, que reemplaza gasto público por inversión privada. Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos.»
El debate de fondo: ¿qué modelo de infraestructura necesita Argentina?
La RFC no es solo un proceso de licitación: es la expresión concreta de una filosofía de política pública. En el centro del debate está la pregunta de si la infraestructura vial debe financiarse exclusivamente con peajes sobre los corredores rentables, o si requiere de algún componente de financiamiento público —impuestos, bonos de infraestructura, APPs con subsidio cruzado— para garantizar equidad territorial y conectividad en zonas de menor tránsito.
Los defensores del modelo señalan que el fracaso de Corredores Viales S.A. demuestra que la gestión estatal sin incentivos de mercado termina siendo ineficiente y costosa. Los críticos argumentan que privatizar solo los corredores rentables es elegir la parte fácil del problema y dejar sin solución la mayoría de la red.
Lo que está claro es que la RFC, en su diseño actual, deja afuera un conjunto de cuestiones que no son menores: la red terciaria, las obras de ampliación, la seguridad vial en rutas de traza simple, y el acceso igualitario a la movilidad en regiones alejadas. Resolver esos problemas requerirá, más temprano que tarde, un debate más amplio sobre cómo financia Argentina su infraestructura en el largo plazo.
En síntesis: un paso adelante con deudas enormes
La Red Federal de Concesiones representa un cambio real en la gestión vial argentina. La participación de 17 oferentes en la Etapa II-B, la adjudicación de los primeros tramos y el avance ordenado del proceso licitatorio son señales de que el modelo funciona, al menos en la etapa de convocatoria. Pero el éxito de largo plazo dependerá de variables que todavía no se conocen: si las tarifas que finalmente se cobren son sostenibles para transportistas y usuarios, si los concesionarios cumplen con los estándares técnicos comprometidos, si el Estado tiene la capacidad institucional de fiscalizar contratos de 20 años, y si el deterioro acumulado de las rutas permite una transición ordenada sin que el usuario pague por un servicio que todavía no existe.
Las rutas argentinas llevan demasiados años esperando. El modelo tiene lógica. Ahora falta que funcione.
Fuentes
- Red Federal de Concesiones – Argentina.gob.ar (Vialidad Nacional)
- Decreto 28/2025 – Inicio del proceso licitatorio (Argentina.gob.ar)
- Apertura de sobres Etapa II-B – 17 oferentes (Argentina.gob.ar)
- Avance Etapa II con criterios de transparencia (Argentina.gob.ar)
- 17 oferentes para 2.500 km de rutas – Infobae
- Presentación RFC a cámaras empresariales (Argentina.gob.ar)
- El Gobierno impulsa licitaciones de concesiones viales – Marval O’Farrell Mairal
- Avanza la RFC – Red Federal por etapas (Data Portuaria)
- Licitación rutas estratégicas y logística – Infobae
- Tarifas de peaje en nuevas concesiones – Transporte y Energía
- Peajes 2026: aumentos de hasta 246% – Planeta Camión
- El 75% de las rutas nacionales tiene deterioro – Construar
- Estado de rutas y reclamos de gobernadores – Infobae
- Rechazo a provincialización de rutas – CONADUV (Uno Entre Ríos)
- Reestructuración transporte terrestre e impacto logístico – Infobae
- Estado de la red vial argentina – CAMARCO
- Nuevo esquema para rutas de la producción argentina – Dinamicarg
- Costos del transporte de cargas primer bimestre 2026 – Data Portuaria
- Críticas al sistema RFC y al peaje directo – Diario Junio