La Ley de Libertad Educativa

El gobierno de Milei avanza en la transformación más radical del sistema educativo argentino desde la recuperación democrática. Vouchers, homeschooling, eliminación de la meta del 6% del PBI y un recorte sin precedentes en universidades y ciencia configuran un cambio de paradigma cuyas consecuencias apenas comienzan a verse. Esta es la radiografía de lo que se propone, lo que ya ocurrió y lo que falta debatir.

El punto de partida: una arquitectura legal que se derrumba

Antes de analizar lo que viene, es necesario entender lo que se destruye. La Ley de Educación Nacional N° 26.206, vigente desde 2006, fue el resultado de un amplio consenso político y social. Establecía al Estado como responsable indelegable de garantizar igualdad educativa, fijaba un piso de inversión del 6% del PBI, y concebía a la educación como un derecho social universal, no como un servicio de mercado. Esa ley duró dos décadas. El proyecto de Ley de Libertad Educativa presentado por el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2025 la deroga en su totalidad y propone reemplazarla con una lógica radicalmente diferente.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formalizó la presentación de un texto de 169 artículos que, en sus propias palabras, busca «una transformación radical» del sistema. No se trata de una reforma parcial: es un cambio de paradigma que redefine quién educa, cómo se financia la educación y qué rol le corresponde al Estado en ese proceso.

La Ley de Libertad Educativa: qué propone punto por punto

El giro ideológico: de derecho a elección

El cambio más profundo es conceptual. La nueva norma desplaza al Estado del centro del sistema y coloca a la familia como «agente natural y primario de la educación». Esta definición no es retórica: tiene consecuencias institucionales concretas. El Estado pasa de ser responsable a ser subsidiario, es decir, solo puede intervenir cuando las familias o las instituciones no pueden hacerlo. Esta lógica transforma la educación de bien público universal en una cuestión de elección individual, acercándola al modelo de mercado.

El giro es coherente con la cosmovisión libertaria de Milei, que desde su campaña sostuvo que «en educación, como en cualquier otro sector, la competencia genera calidad y la planificación estatal genera mediocridad». Pero tiene implicancias que van más allá de la filosofía política: supone que las familias cuentan con la información, los recursos y las condiciones para ejercer esa elección en igualdad de condiciones, algo que la evidencia internacional cuestiona sistemáticamente.

Los vouchers educativos: el corazón del modelo

La pieza central del nuevo esquema de financiamiento es el voucher (vale educativo). El proyecto contempla asignaciones otorgadas directamente a las familias o alumnos mediante vales, bonos, becas y créditos fiscales, con el objetivo declarado de «asegurar que la libertad de elección no dependa del nivel de ingresos». Los recursos seguirían al alumno, no a la institución, lo que en la práctica redirige fondos públicos desde la escuela estatal hacia las opciones que la familia elija, incluyendo escuelas privadas.

El modelo establece además la igualdad jurídica entre escuelas estatales y privadas en el acceso al financiamiento público, lo que obliga a las autoridades provinciales a implementar aportes económicos regulares a las instituciones privadas. Esta disposición desplaza el eje del financiamiento desde la oferta (sostener la escuela pública) hacia la demanda (financiar la elección del alumno), siguiendo el modelo desarrollado en Chile con la reforma de los años ochenta y luego parcialmente revertido por sus efectos segregadores.

La distribución presupuestaria para educación superior se reformula bajo tres criterios: el 75% según la cantidad de estudiantes regulares, el 20% por desempeño institucional (egresados, investigación, extensión) y el 5% a través de contratos-programa con metas verificables. Este modelo introduce incentivos de desempeño en el financiamiento universitario, un concepto que en teoría puede mejorar la eficiencia pero que en la práctica puede profundizar las desigualdades entre instituciones grandes con alta tasa de egreso e instituciones pequeñas en regiones vulnerables.

El homeschooling: de limbo legal a derecho reconocido

Uno de los cambios más disruptivos es la legalización formal de la educación en el hogar (homeschooling). Actualmente, Argentina no prohíbe ni regula explícitamente esta práctica, lo que la coloca en un área gris: algunas familias la practican —se estima entre 20.000 y 25.000 según organizaciones como Homeschooling Argentina— pero sin validez oficial automática.

El proyecto resuelve ese limbo al definir la educación en el hogar como una modalidad reconocida por el Estado, impartida por padres, tutores o personas designadas por ellos, con libertad total en métodos y materiales. Las familias deberán inscribir a los alumnos en registros provinciales simples, sin posibilidad de inspecciones discrecionales sobre la vida familiar. La acreditación de aprendizajes se realizará exclusivamente mediante exámenes estandarizados enfocados en contenidos mínimos, sin exigencia de títulos docentes para quien enseñe.

El proyecto también reconoce la educación híbrida y a distancia, incluso con instituciones extranjeras. Este conjunto de modalidades alternativas rompe el monopolio de la presencialidad escolar y amplía las opciones disponibles para las familias.

El debate pedagógico y social alrededor del homeschooling es antiguo y complejo. Los defensores argumentan que permite personalizar la enseñanza, proteger a los alumnos de entornos hostiles y desarrollar vínculos familiares más fuertes. Los críticos advierten que la escuela cumple una función de socialización e integración que va más allá de la transmisión de contenidos, y que su reemplazo puede profundizar desigualdades y fragmentar el tejido social. Las organizaciones gremiales docentes fueron unánimes en su rechazo: la Unión de Docentes de Misiones advirtió que la propuesta «aspira a la eliminación de la actual ley de educación, que fue aprobada con amplios consensos por parte de la sociedad y las fuerzas políticas».

La educación declarada servicio esencial

Una de las disposiciones más polémicas es la declaración de la educación básica como servicio esencial. El Gobierno de Milei intentó incluir esta medida primero en la Ley Bases y luego por DNU, pero fue judicializada y no entró en vigor. El nuevo proyecto la incorpora directamente en el texto legislativo. La consecuencia práctica es que frente a conflictos laborales docentes, deberá garantizarse la continuidad mínima del servicio educativo. Esta cláusula limita el derecho de huelga de los trabajadores de la educación, generando la oposición frontal de todos los gremios del sector.

El Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES)

El proyecto crea el ENES, una evaluación individual y voluntaria para los estudiantes que finalizan la secundaria. Su objetivo es proporcionar información a estudiantes, familias, instituciones superiores y actores del ámbito laboral sobre la situación educativa real al concluir los estudios obligatorios. Además, se publicarán anualmente los resultados de las evaluaciones censales por escuela en un portal digital abierto, lo que hoy está prohibido.

La publicación de rankings escolares es uno de los puntos de mayor controversia internacional. Sus defensores argumentan que genera transparencia y presión por la calidad. Sus críticos señalan que favorece a las escuelas que atienden a poblaciones de mayor capital cultural y socioeconómico, desincentiva la docencia en entornos vulnerables y genera una competencia perversa que termina segregando.

Los Consejos de Padres: gobierno escolar o politización institucional

El proyecto establece la creación de Consejos Escolares de Padres en cada escuela pública, con funciones de asesoramiento, supervisión y participación en la selección o remoción de directores. Esto implica un cambio profundo en la gobernanza escolar, que históricamente se organizó con criterios técnicos y de carrera docente. La medida puede politizar la gestión institucional, generar tensiones con los equipos docentes y alterar la conducción pedagógica en función de intereses particulares de grupos organizados de padres.

La eliminación del piso del 6% del PBI

Uno de los cambios más silenciosos pero de mayor impacto a largo plazo es la eliminación del artículo 9° de la Ley 26.206, que establecía que el financiamiento educativo no podía ser inferior al 6% del PBI. Esa meta fue incorporada en el Presupuesto 2026 a través del artículo 30, que deroga el piso constitucional de gasto. A partir de ahora, el nivel de inversión en educación queda librado a la discrecionalidad presupuestaria de cada gobierno, sin piso garantizado. También se elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que financiaba la formación vocacional y técnica con un monto no inferior al 0,2% del PBI.

El colapso universitario: los números del desmantelamiento

Mientras el debate legislativo sobre la Ley de Libertad Educativa recién comienza su recorrido parlamentario, el impacto en el sistema universitario ya es una realidad documentada con números devastadores.

La caída histórica del presupuesto

Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basadas en datos oficiales, el presupuesto destinado a Educación y Cultura caerá, para 2026, un 47,3% en términos reales respecto a lo ejecutado en 2023. En el caso específico de las universidades, el retroceso es del 33,8%, y el presupuesto previsto para 2026 —el 0,47% del PBI— es el más bajo registrado en más de dos décadas. El pico fue del 0,87% en 2017; en 2025 ya había caído al 0,49%, el menor desde 2005.

Las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El poder adquisitivo de las partidas para gastos de funcionamiento no superó en ningún mes de la gestión Milei el 64% del valor que tenía en enero de 2023 y actualmente se ubica en torno al 40%. Según el CIN, durante los meses de gestión actual se perdió el equivalente a casi nueve meses de transferencias respecto al promedio histórico.

En términos concretos: el 88% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios, lo que significa que prácticamente no queda margen para investigación, extensión, mantenimiento de infraestructura ni hospitales universitarios. La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA registró la renuncia de 438 docentes e investigadores entre enero de 2024 y abril de 2026, lo que equivale a un profesor cada dos días. La Facultad de Ingeniería acumuló 342 dimisiones desde 2023.

Los salarios que no alcanzan ni para comer

La dimensión más dramática del ajuste es la salarial. Un profesor titular universitario con dedicación simple cobró en mayo de 2026 $593.355 brutos, cuando la canasta básica alimentaria —la línea de indigencia— fue de $658.011 en marzo. Es decir: el salario más básico del escalafón docente universitario está por debajo de la línea de indigencia. El cargo máximo —titular con dedicación exclusiva— percibe $1.582.283, apenas $150.000 por encima de la canasta básica para una familia de cuatro integrantes, que ronda los $1.434.464 sin incluir alquiler.

Desde el CIN denuncian que para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios necesitarían una recomposición del 47,3% respecto a los niveles de febrero de 2026. Los docentes perdieron cerca del 30% de poder adquisitivo en el primer semestre de 2025, «más del doble que la media del sector público y 50 veces mayor que el rezago del sector privado», según destacó Pablo Monk, docente universitario, en declaraciones a Perfil.

Las Becas Progresar permanecen congeladas en $35.000 desde diciembre de 2023. El presupuesto de estas becas se redujo un 82% en términos nominales entre 2025 y 2026, lo que en términos reales las ubica más de un 95% por debajo del valor de 2023.

La Ley de Financiamiento Universitario: aprobada, vetada, insistida, ignorada

El Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, que establecía una recomposición salarial del 44% y la actualización automática de partidas por inflación. Milei la vetó en 2024. El Congreso la aprobó nuevamente con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras el 17 de septiembre de 2025, y fue promulgada mediante el Decreto 759/2025 el 21 de octubre de 2025. Pese a ello, el Ejecutivo suspendió su aplicación, argumentando que la ley no especifica las fuentes de financiamiento.

El CIN presentó un amparo colectivo y obtuvo una medida cautelar favorable del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, luego confirmada por la Cámara. La justicia sostuvo que no resulta admisible que el Ejecutivo suspenda una ley aprobada e insistida constitucionalmente. El Ejecutivo apeló. El expediente quedó en manos de la Corte Suprema, que deberá definir si el gobierno puede ignorar una ley que ordenó cumplir dos instancias judiciales anteriores.

El costo fiscal estimado de aplicar la ley oscila entre $2,5 y $3,6 billones. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, lo sintetizó sin eufemismos: «No se puede cumplir porque es abstracta y quedó derogada al aprobarse el Presupuesto». Y en otra oportunidad: «Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata.» Pero la ACIJ señaló una paradoja que el gobierno no respondió: la modificación del impuesto a Bienes Personales en 2024 implicó una merma recaudatoria estimada en $5 billones en dos años, superior al costo de aplicar la ley universitaria.

El 12 de mayo de 2026, el mismo día de la cuarta Marcha Federal Universitaria —la mayor movilización educativa desde la recuperación democrática, convocada en Plaza de Mayo y replicada en más de diez provincias—, el Gobierno publicó la Decisión Administrativa 20/2026 con un recorte adicional de $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación. La Universidad Nacional de La Plata perdió $1.043 millones en infraestructura; General San Martín y Avellaneda, $700 millones cada una; Río Cuarto, $680 millones. El Plan Nacional de Alfabetización perdió $35.288 millones; el Fondo de Compensación Salarial Docente fue eliminado.

El arancelamiento a extranjeros: una medida simbólica de escaso impacto real

El Gobierno modificó la Ley de Educación Superior en mayo de 2025 para habilitar a las universidades públicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros con residencia temporaria. La ministra Pettovello y el subsecretario Álvarez insistieron en esta medida como alternativa de financiamiento y la presentaron como un símbolo de eficiencia. Sin embargo, los datos son categóricos: los estudiantes extranjeros representan apenas el 4,2% del total de alumnos de grado y pregrado. Según Chequeado, su eventual arancelamiento «tendría un impacto marginal en el presupuesto». La propuesta funciona como argumento político —la idea de que los extranjeros «parasitan» el sistema— más que como solución concreta a una crisis de miles de millones de pesos.

La ciencia argentina: el nivel más bajo desde que hay registros

Si la situación universitaria es grave, la del sistema científico y tecnológico alcanza dimensiones históricas. El presupuesto para ciencia y tecnología en Argentina representará en 2026 el 0,140% del PBI, el nivel más reducido desde que comenzaron los registros oficiales en 1972. Para encontrar algo parecido hay que remontarse a 2002, cuando el país atravesaba su peor crisis económica.

La Función Ciencia y Técnica (FCyT) de la Administración Pública Nacional acumula una caída del 50,8% respecto a 2023, según el Grupo EPC-CIICTI. Cada año de la gestión Milei fue peor que el anterior: caída del 30,2% en 2024, del 16,4% en 2025 y profundización en 2026. La Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación —también suspendida por el gobierno— establecía que en 2026 la Argentina debía destinar el 0,52% del PBI a ciencia. El gobierno ejecutará apenas el 28% de esa pauta.

El CONICET: vaciamiento de tres años

El CONICET es el organismo central del sistema científico argentino. En tres años perdió el 42,2% de su presupuesto (17,7% en 2024, 14,2% en 2025, y 18,2% proyectado para 2026). El organismo opera hoy con menos de la mitad de los recursos que tenía hace tres años.

El número de investigadores pasó de 11.079 en noviembre de 2023 a aproximadamente 9.500 en 2025: una reducción del 14% en dos años. El sistema tiene un bloqueo inédito en el ingreso a la carrera científica: investigadores seleccionados hace años aún no han sido designados. Los salarios de investigadores y becarios cayeron hasta un 39,9% en términos reales, con muchos profesionales percibiendo ingresos por debajo de la línea de pobreza. Las becas de investigación cayeron un 39%, y el fortalecimiento de la actividad científica en universidades cayó hasta el 38% del nivel de 2023.

El impacto en proyectos específicos es devastador. El fortalecimiento de extensión universitaria, que en 2025 representaba apenas el 1,02% del nivel de 2023, prácticamente desapareció. Los programas «Construir Ciencia» y «Equiparar Ciencia» —lanzados en 2022 para alentar la radicación de investigadores en las provincias— fueron paralizados.

La combinación de salarios de pobreza, sin financiamiento para insumos, con la carrera de investigación prácticamente cerrada y laboratorios desfinanciados, produce un único resultado predecible: la fuga de cerebros. «En los últimos dos años hay un éxodo masivo de investigadores y tesistas doctorales jóvenes. El CONICET, que siempre fue un semillero, no abre puestos y los grupos de trabajo se están vaciando», explicó el secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham. El destino preferido son Brasil y Chile. En palabras de quienes conocen el sistema desde adentro: «Perdemos toda una generación».

Lo que falta: las preguntas sin respuesta

¿Qué pasa con la segregación educativa?

La experiencia internacional con los sistemas de vouchers no es unívoca, pero sí contundente en un punto: tienden a profundizar la segmentación por clase social, origen étnico y capital cultural de las familias. Chile implementó el voucher en los años ochenta bajo Pinochet y en 2015 tuvo que reformarlo parcialmente, reconociendo sus efectos segregadores. Suecia introdujo un sistema similar en 1992 y desde entonces monitorea con preocupación el deterioro de la equidad. El proyecto argentino declara que busca que «la libertad de elección no dependa del nivel de ingresos», pero no explica cómo garantizará eso en un país con altísimos niveles de desigualdad y sin una clase media homogénea capaz de procesar información educativa compleja.

¿Qué pasa con las provincias que no pueden absorber la transferencia de responsabilidades?

El nuevo esquema transfiere a las provincias la responsabilidad central del sostenimiento del sistema educativo básico. Pero las provincias argentinas son profundamente heterogéneas. Algunas ya no pueden pagar salarios docentes en tiempo y forma. La pregunta de qué ocurre cuando Formosa, Chaco o Santiago del Estero deban financiar un sistema de vouchers sin tener los recursos para hacerlo no tiene respuesta en el texto del proyecto.

¿Qué pasa con la educación técnica y la formación profesional?

La eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional tiene consecuencias directas sobre las escuelas técnicas, que forman a los trabajadores especializados que necesita el sector productivo. Este desfinanciamiento está en directa contradicción con cualquier estrategia de desarrollo industrial o agroindustrial. La Argentina no puede aspirar a desarrollar sectores de mayor valor agregado si desmantela simultáneamente el sistema que forma a los técnicos que los hacen posibles.

¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse un sistema científico?

La respuesta que los propios investigadores dan es preocupante: mucho más de lo que tardó en desmantelarse. Un grupo de investigación que se disuelve no se reconstruye en un año: los docentes ya se fueron al exterior, los laboratorios perdieron equipamiento, los proyectos de largo plazo fueron abandonados. El gobierno de Milei declaró en campaña que «de la investigación se ocupe el sector privado». Pero la investigación básica —la que produce conocimiento sin aplicación inmediata evidente— no tiene mercado privado porque no tiene retorno directo de corto plazo. Ningún país que hoy lidera en innovación tecnológica llegó ahí sin una inversión pública sostenida en ciencia básica durante décadas.

La Corte Suprema: el árbitro que nadie eligió para este debate

El escenario actual plantea una anomalía institucional inédita: el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario dos veces, en ambas cámaras, con mayoría agravada. El Ejecutivo la vetó, la insistió el Congreso, fue promulgada y aun así no se aplica. Dos instancias judiciales ordenaron cumplirla. El Ejecutivo apeló y espera que la Corte Suprema le dé la razón. El fallo de la Corte, cualquiera sea su sentido, tendrá consecuencias que van mucho más allá del presupuesto educativo: definirá si el Ejecutivo puede ignorar leyes que el Congreso aprobó con mayorías constitucionales cuando la restricción presupuestaria así lo determine.

El debate de fondo: ¿educación como derecho o como mercado?

La Ley de Libertad Educativa no es solo un conjunto de medidas técnicas. Es la expresión concreta de una filosofía política que concibe a la educación como un bien privado que el mercado distribuye más eficientemente que el Estado. Frente a ella se levanta la concepción que dominó el sistema argentino durante dos décadas: la educación como derecho social universal que el Estado debe garantizar independientemente de la capacidad de pago de cada familia.

El debate entre ambas posiciones es legítimo y tiene argumentos de ambos lados. Pero hay preguntas que cualquier reforma honesta debería responder antes de implementarse: ¿Qué pasará con los 10 millones de alumnos de las escuelas públicas argentinas cuando el financiamiento siga a la demanda? ¿Quién garantizará que el voucher alcance para financiar una educación de calidad en zonas rurales o barrios periféricos donde no hay oferta privada? ¿Cómo se compatibiliza la eliminación del piso del 6% del PBI con la declaración de que «la libertad de elección no depende del nivel de ingresos»?

El sistema educativo argentino tiene problemas reales que exigen respuestas urgentes: baja tasa de egreso secundario, inequidad territorial profunda, formación docente insuficiente, infraestructura deteriorada, desconexión entre la formación y las demandas del mercado laboral. La cuestión es si el modelo propuesto resuelve esos problemas o los profundiza al tiempo que agrega otros nuevos.

En síntesis: una reforma que todavía no empezó pero ya dejó marcas

La Ley de Libertad Educativa todavía no fue aprobada por el Congreso, donde enfrenta una batalla política difícil. Pero el recorte presupuestario ya ocurrió, la fuga de investigadores ya es masiva, los salarios docentes ya cayeron debajo de la línea de pobreza y las universidades ya funcionan con menos recursos reales de los que tenían en 2006. La reforma legislativa es la parte del iceberg que se ve. El desmantelamiento presupuestario es la parte que ya está bajo el agua.

El debate que viene —en el Congreso, en los tribunales y en la calle— no es solo sobre vouchers u homeschooling. Es sobre qué tipo de país quiere ser Argentina en los próximos veinte años: uno que invierte en capital humano y conocimiento como motores de desarrollo, o uno que transfiere esa responsabilidad al mercado y espera que el mercado resuelva lo que siempre resolvió de manera desigual.

Fuentes

• Proyecto de Ley de Libertad Educativa – El Tablero Digital
• Gobierno oficializa reforma educativa – ANBariloche
• Ejes de la Ley de Libertad Educativa – Cadena 3
• Reforma educativa: homeschooling, vouchers y menos Estado – Economis
• Ley de Libertad Educativa: el proyecto que busca rediseñar las escuelas – MDZ Online
• Autonomía escolar, homeschooling y ENES – Economis
• Puntos salientes de la reforma educativa – Ambito
• Presupuesto universitario 2026: el más bajo en dos décadas – Perfil
• El presupuesto universitario más bajo en dos décadas – Universidades Hoy
• Situación presupuestaria del sistema universitario – CIN
• El ajuste que la universidad ya no puede aguantar – Sumario
• Ley de Financiamiento Universitario: datos para comprender el problema – Economis
• Gobierno vs universidades: el fallo judicial pendiente – Infobae
• Recorte de $78.768 millones en educación – 0221.com.ar
• El Gobierno no se mueve tras la marcha universitaria – La Nación
• Cuarta Marcha Federal Universitaria – Perfil
• Marcha federal universitaria: narrativas del gobierno y datos – Chequeado
• Masivo reclamo universitario – Infobae
• Presupuesto de ciencia y tecnología 2026: el más bajo desde 1972 – iProfesional
• El presupuesto científico vuelve a desplomarse en 2026 – Perfil
• Crisis científica y fuga de talentos – BioBioChile
• Milei vacía el CONICET – Letra P
• Crisis científica: el duro presente – NEA Hoy
• Crisis en el sistema científico: los datos – Chequeado
• El estado de la red vial argentina: informe CAMARCO